El 26 de junio de 2025 se publicó en Ecuador la reforma de la Ley Orgánica de Integridad Pública, que incluye el juzgamiento de adolescentes como adultos en casos de delitos grave. Desde esa fecha se da un giro de 180 grados respecto a la política, que hasta ese momento se aplicaba en Ecuador y que respondía a la Convención de los derechos del Niño, de la cual Ecuador es signatario desde el 1990. Los artículos 37 y 40 expresan muy claramente que: “Los y las adolescentes no pueden ser juzgados ni sancionados como adultos”.
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