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¡La Amazonía exige justicia!

[Comunicado Público] Sobre las 17h00, del 28 de enero de 2022, se registró una nueva rotura del oleoducto de crudos pesados, a cargo de la empresa privada OCP Ecuador S.A., entre cuyos socios figuran las empresas chinas Andes Petroleum y Sinopec, la brasileña Petrobras, la italiana ENI, la francesa Perenco y la norteamericana Occidental Petroleum.

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DD. HH. Boletín de Prensa. 75 días después de ocurrido el derrame de OCP y EP Petroecuador, las empresas, ministerios, ni el sistema de justicia atienden y protegen a las víctimas

Dirigentes de las comunas impactadas por el derrame del 7 de abril y organizaciones sociales, denuncian dilación de la audiencia de acción de protección y la falta de atención humanitaria y médica para los afectados.

A pesar de transcurridos 75 días del derrame de al menos 15,800 barriles de petróleo y que múltiples organizaciones comunitarias, eclesiales y esta Alianza, interpusimos una demanda de acción de protección con medidas cautelares a favor de todas las comunidades y personas indígenas afectadas, el proceso no avanza. La audiencia inició el 26 de mayo y permanece suspendida desde el 1 de junio, por presunta enfermedad del juez a cargo de la diligencia; y hasta la fecha no se ha recibido ninguna notificación formal y escrita sobre la reinstalación o las medidas que tomará la Judicatura para que las víctimas no continúen en indefensión.

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DD. HH. Ante suspensión de audiencia de acción de protección por derrame de crudo, accionantes exhortan a la Unidad Judicial de Orellana a disponer medidas cautelares para comunidades afectadas

Las personas accionantes dentro de la ACCIÓN DE PROTECCIÓN CON MEDIDAS CAUTELARES presentada por la vulneración de derechos constitucionales de comunidades afectadas por el derrame de crudo, ocurrido el 7 de abril, se manifiestan en relación a la suspensión de la audiencia de fecha 1 de junio de 2020.

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DD. HH. Seguimiento al dictamen de constitucionalidad en la Corte Constitucional

Las y los accionantes, personas afectadas, defensores y organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales, quienes hemos comparecido en la acción de protección con medidas cautelares 22281-2020-00201, y que se encuentra siendo tramitada en la Unidad Judicial Multicompetente Penal con sede en el cantón Francisco de Orellana, ponemos en su conocimiento los siguientes hechos y fundamentos de derecho, dentro del seguimiento del Dictamen de Constitucionalidad 1-20-EE/20.

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DD. HH. Represa es implicada en colapso de cascada y derrame de petróleo

La Revista EcoAméricas realiza un artículo sobre las situaciones que ocasionaron el derrame de petróleo en la Amazonía ecuatoriana (mayo 2020, pp. 14-17).

Primero, la cascada más grande de Ecuador se desvaneció. El 2 de febrero de este año, la erosión en el río Coca en la región amazónica del país creó un enorme sumidero, borrando en gran medida la preciada cascada de San Rafael, de 150 metros de altura.

Luego, el 7 de abril, la erosión 1.5 km aguas arriba abrió otro sumidero y fracturó tres oleoductos, incluidos los dos conductos principales de crudo ecuatoriano desde los cabezales en la cuenca amazónica hasta las terminales en la costa del Pacífico. En uno de los peores derrames de petróleo en la región amazónica en décadas, se escaparon más de 15,000 barriles (630,000 galones) de crudo, causando una severa contaminación aguas abajo en las comunidades ribereñas de los ríos Coca y Napo.

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DD. HH. Varias organizaciones presentan acción de protección y medidas cautelares contra el Estado y empresas petroleras por derrame de petróleo en la Amazonía Ecuatoriana

La medida presentada ante un juez en el cantón Francisco de Orellana, con el apoyo de esta Alianza, fue adoptada ante la vulneración de los derechos al agua, a la alimentación, a la salud, a vivir en un ambiente sano, a la información, al territorio de los pueblos y nacionalidades, así como, a los derechos de la naturaleza por parte del Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Salud Pública, EP Petroecuador y la empresa privada OCP – las entidades demandadas-.

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