¡La Amazonía exige justicia!

Nuevo y previsible derrame de petróleo confirma que los riesgos advertidos de afectación de derechos humanos y de la naturaleza por los hechos de abril del 2020 son responsabilidad directa del Estado de Ecuador por su negligencia en la reparación integral con garantías de no repetición

Fuente: Fundación Alianza CEIBO, comunidad de Sardinas, Orellana, 29 de enero de 2022

5 de febrero de 2022.

Sobre las 17h00, del 28 de enero de 2022, se registró una nueva rotura del oleoducto de crudos pesados, a cargo de la empresa privada OCP Ecuador S.A., entre cuyos socios figuran las empresas chinas Andes Petroleum y Sinopec, la brasileña Petrobras, la italiana ENI, la francesa Perenco y la norteamericana Occidental Petroleum.

Este hecho ocurrió en el sector de Piedra Fina, San Luís, Cantón El Chaco, en la Provincia de Napo, de la Amazonía ecuatoriana, en el área de amortiguamiento del Parque Nacional Natural Cayambe Coca, a escasos metros del punto de captación de la Represa Coca Codo Sinclair y la inexistente Cascada San Rafael.

Contrario a lo que se esperaría, las primeras alertas y denuncias públicas provinieron de comerciantes hoteleros de la zona y no de las entidades ambientales o de las propias empresas operadoras. Estos últimos trataron de minimizar los alcances del derrame, ocultando información estratégica para prevenir afectaciones en la salud de las comunidades asentadas aguas abajo sobre la ribera de los ríos contaminados.

En el primer comunicado oficial, OCP Ecuador informó que “la rotura se registró en una zona en la que el tubo no se encuentra directamente expuesto a los ríos, se ha controlado ya el flujo de petróleo”. Esto, no obstante, no garantizó que el derrame no alcanzará los cuerpos de agua, tal y como se evidenció a partir de imágenes captadas con dron en el área afectada.

Fuente: Amazon Frontlines, Derrame en Sector Piedra Fina, Napo, 29 de enero de 2022.

Según reportaron pobladores de las comunas Kichwas de Huataracu, San Pablo, Sardinas, San Pedro del Río Coca y 10 de agosto, sobre las 21h00, del 28 de enero, la Gobernadora de la Provincia de Orellana, habría llamado a los dirigentes indígenas para expresar tranquilidad, reproduciendo, así, el discurso de las empresas sobre el control aparente del desastre. Sin embargo, tal y como se pudo constatar en visitas de verificación realizadas los días 29 y 30 de enero de 2021, los alcances e impactos del nuevo derrame tanto en el lugar de rotura del tubo como en las propias comunas cercanas al río Coca, afectadas por el derrame de abril de 2020, eran mucho mayores a los informados públicamente. Con esto, se estaría consumando el riesgo advertido en más de 40 ocasiones por la Alianza por los Derechos Humanos del Ecuador.

Con este hecho, además, se reafirma que el Estado, a través de sus entidades reguladoras, no comunicaron inmediatamente del hecho a los dirigentes y a las comunas afectadas, sino cuando habían pasado varias horas de la rotura. Así, en el Comunicado Oficial del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables del 29 de enero de 2022, se evidencia cuáles son las prioridades del Gobierno Nacional, quien “ratifica que la producción petrolera y las exportaciones programadas no se han visto afectadas”, y garantiza -al día siguiente del derrame- que “la exportación de 684 mil barriles de crudo Napo a través del terminal del OCP”. Todo esto sin confirmar públicamente las magnitudes del derrame, los impactos sobre el ecosistema amazónico y las implicaciones para la pervivencia de las comunas asentadas en las riberas de los ríos contaminados.

Por su lado, la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, mediante sus redes sociales, reprodujo la teoría de la causalidad del Derrame informado por OCP. Esto es: las aparentes “fuertes lluvias en la zona” y el desprendimiento de piedras que afectaron cuatro tubos de la infraestructura de transporte, sin ningún tipo de compromiso por la investigación, sanción y garantías de no repetición tanto para los derechos de la naturaleza gravemente vulnerados como por las afectaciones acumuladas y sistemáticas de las comunas asentadas en las riberas de los ríos Coca y Napo. Vale la pena mencionar que los reportes metereológicos brindados por pobladores de la zona y presentes en este análisis contravienen esta información, pues señalan la directa responsabilidad del operador en este nuevo derrame en circunstancias que debe el Estado esclarecer públicamente.

A partir de las 8h30, del día 29 de enero de 2022, hasta la fecha de publicación de esta denuncia pública, las distintas comunas, cantones y parroquias afectadas por el derrame han alzado sus voces con reportes urgentes a las organizaciones de derechos humanos que acompañan en territorio: desde Panduyaku, en la provincia de Sucumbíos, pasando por las comunidades de Toyuca, San Pedro del Río Coca, San Pablo, Maderos, Sardinas, 10 de agosto y Huataraco, en Orellana; Pompeya en el río Napo. Adicionalmente, han puesto en evidencia que el petróleo sigue acumulado en las empalizadas, que la ausencia de remediación, las insuficientes acciones de mitigación y la poca disposición del Ministerio de Ambiente de Ecuador siguen siendo constantes para atender la contingencia comunitaria desde una perspectiva culturalmente adecuada.

Este nuevo derrame ocurre apenas 21 meses después del sucedido el 07 de abril de 2020, donde se vertieron al menos 15.800 barriles de crudo sobre el Río Coca, afectando alrededor de 27.000 personas Kichwas ribereñas. Cabe señalar que desde OCP se informó entonces, de forma contradictoria, que el vertido habría sido de de 8900 y luego 6850 barriles de hidrocarburos. Esta vez, el vertido sería de 6300 barriles. Nuevamente, las mismas personas y comunidades afectadas, son víctimas de contaminación y daño en su territorio, tal y como puede constatarse en el siguiente mapa. Como se verá, este gráfico superpone los lugares de rotura de los tubos del SOTE en 2020, como el punto del derrame del 2022, todos, lamentablemente, están en el área de amortiguamiento del Parque Nacional Natural Cayambe Coca, a escasos metros del punto de captación de la Represa Coca Codo Sinclair y la inexistente Cascada San Rafael.

Es importante no parar de advertir que los derrames son eventos de contaminación muy graves. La población ribereña viene dos años demostrando que el petróleo es una mezcla de hidrocarburos que contiene además otras sustancias como metales pesados y minerales como el azufre. Todas estas sustancias son tóxicas para el ambiente, no se degradan con facilidad. Es decir, estas permanecen en las fuentes de agua por mucho tiempo y también tienen la propiedad de ingresar a la cadena alimenticia, generando de esta forma afectaciones al sistema nervioso central o al sistema genético, visibles en la recurrencia de abortos involuntarios, malformaciones en los nacimientos de bebés y también pueden provocar mutaciones principalmente en animales. Algunas de estas sustancias también aceleran la reproducción de células visibles en la formación de tumores malignos o cáncer. Esto, además de los efectos inmediatos o agudos como irritación de piel, dolores de cabeza, mareos, malestar general en los seres humanos que entran en contacto con el petróleo; también se producen efectos a mediano y largo plazo en las futuras generaciones.

Desde la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, en nuestra calidad de acompañantes de la Acción de Protección y medidas cautelares AP-974-21-JP interpuesta tras el derrame del 2020, la cual sigue pendiente de Sentencia en la Sala de Revisión de la Corte Constitucional de Ecuador en el Despacho del Juez Enrique Herrería, nos solidarizamos con las Comunas Afectadas por este nuevo derrame. Asimismo, hacemos eco de las denuncias de negligencia sobre las autoridades públicas que viene realizando la Federación de Comunas de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (FCUNAE) y de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE) y exigimos del Estado de Ecuador que:

1. Realice acciones urgentes para la contención y remediación del daño ambiental por los derrames sucesivos que aquí se denuncian;

2. Se informe públicamente respecto de la magnitud e impactos socioambientales y culturales a las comunas Kichwas afectadas, con la finalidad de construir de manera participativa un plan de reparación integral con garantías de no repetición;

3. Se implemente un plan de atención humanitario para las familias afectadas que incluya los estándares internacionales respecto de necesidades de potabilización de agua para consumo humano en contexto de pandemia, así como una dieta alimentaria de emergencia que tenga en consideración el enfoque étnico diferencial y la atención en salud desde una perspectiva intercultural;

4. Realice las investigaciones penales y administrativas a las que haya lugar por la evidente violación a los derechos de la naturaleza, derechos colectivos y derechos humanos de las comunas Kichwas afectadas por los derrames ocurridos en el 2022 y 2020; y se mantenga informada a la población y la opinión pública del inicio y avance de estas investigaciones.

5. Se priorice la revisión urgente del caso presentado ante la Corte Constitucional (AP-974-21-JP) por el Derrame ocurrido en abril de 2020, teniendo en consideración la ocurrencia por segunda vez de un vertido de enormes magnitudes, el riesgo permanente contra la vida e integridad de las comunas afectadas, el impacto acumulado y el exacerbado contexto de vulneración de derechos colectivos en el que se encuentra la población Kichwa demandante.

¡VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN!

Se anexan fotografías como evidencia de los monitoreos comunitarios realizados por las organizaciones integrantes de la Alianza por los DDHH del Ecuador entre los días 29 de enero y 03 de febrero de 2022. Comunicación Alianza: Elsa Bejarano 0995392344

Comunidad de Sardinas, 29 de enero de 2022, Fundación Alianza CEIBO

Comunidad de San Pablo, 29 de enero de 2022, Fundación Alianza CEIBO

Comunidad de Huataraco, 29 de enero de 2022, Fundación Alianza CEIBO

Noticia tomada de: Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos Ecuador