Empresas piratas de carbono pretenden despojar a comunidades campesinas de su derecho a la tierra
Boletín de prensa
Comunidades afectadas exigen la anulación de la escritura fraudulenta de las empresas corruptas UCPEIN – RFEE y alertan a los GAD municipales para que no permitan su registro.
Caso Selva Alegre, San José de Minas y San José de Quichinche: Alto al negocio de nuestras tierras
Foto: Nicoletta Marinelli, ALDEA, 2023
Comuneros y comuneras de Selva Alegre y Quichinche (Otavalo, Imbabura) y San José de Minas (Quito, Pichincha) denuncian a la compañía ‘Rainforest de Ecuador’ (RFEE) por la amenaza de despojo de sus tierras. Mas de 200 familias de ocho comunidades estarían afectadas. En 2005 la compañía UCPEIN S.A. adquirió una propiedad de 80 hectáreas en la parroquia Selva Alegre de Imbabura. A través de manipulación de inspecciones judiciales, corrupción de peritos, notarios y registradores de la propiedad, UCPEIN S.A. inscribió una escritura fraudulenta “ampliatoria y aclaratoria” que modifica enormemente la extensión de una propiedad, pasando esta de aproximadamente 100 hectáreas a 9.190 hectáreas. Con esta escritura fraudulenta la empresa pretendió despojar a propietarios y propietarias locales (por lo menos 162 predios), quienes cuentan su mayoría con escrituras legalizadas e inscritas en los registros de propiedad en Otavalo y Quito.
Además, la empresa ha perjudicado no solo a las comunidades, sino también al Estado ecuatoriano: con base en esta falsa “escritura”, la empresa cobró más de $150.000 de dinero público del Programa Socio Bosque (PSB) entre 2009-2014.
En 2020 la compañía Rainforest de Ecuador (RFEE) “compró” la propiedad a pesar de haber sido advertida de estos problemas. Actualmente, RFEE inició una campaña de criminalización, acusando a las familias comuneras de ‘invasoras’ y ‘secuestradoras’, persiguiendo a las personas defensoras de las comunidades e impulsando el desprestigio mediático y judicial a sus legítimos propietarios y propietarias.
2. Contexto internacional: las empresas piratas del carbono
Ponencia de Racheal Knight, consultora internacional, en el foro Derecho Campesino a la Tierra y Mercados de Carbono (23 de mayo, Universidad Andina Simón Bolívar). a ponente expone el contexto internacional de las estrategias de acaparamiento de tierras por parte de empresas vinculadas a las élites económicas y políticas en el contexto de un mal manejo de los mercados de carbono.
El caso de UCPEIN S.A. y ‘Rainforest de Ecuador’ (RFEE) ocurre en el contexto de un mal manejo de los mercados de carbono, que se presentan como elementos clave en la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, la atracción de inversión extranjera sin una adecuada regulación abre la puerta al acaparamiento de tierras por las denominadas “empresas piratas del carbono” en perjuicio de personas y comunidades campesinas, e inclusive del Estado.
Según Racheal Knight, experta internacional, la corrupción de tierras está vinculada a los más altos niveles de poder de las élites “a pesar de ser abusos severos de derechos humanos, quedan usualmente impunes”. Añade: “Solo los esfuerzos que coloquen al Estado en una posición de incomodidad inevitable, vergüenza pública o dificultades económicas pueden afectar la voluntad política para evitar y sancionar la corrupción de tierras”. Knight resalta el papel relevante de los medios de comunicación y de la sociedad civil en señalar y denunciar estos casos de corrupción de tierra a nivel nacional e internacional.
Cristian Nogales, del GAD de Selva Alegre.
Cristian Nogales, del GAD de Selva Alegre, señala que “Las estrategias de acaparamiento de tierras no serían posibles sin la complicidad y corrupción de funcionarios y funcionarias de las instancias locales”. Desde el año pasado la Asamblea Nacional del Ecuador (ANE) está trabajando en la reforma al Código Ambiental con la perspectiva de generar beneficios ambientales y socioeconómicos mediante la creación de servicios ambientales como los créditos de carbono, con el fin de atraer inversión extranjera, bajar los índices de deforestación y contribuir a mitigar el cambio climático.
Gustavo Redin, CEDENMA, expresa que “la reforma del Código Ambiental, sobre todo del artículo 85, nos preocupa porque no refleja la realidad de los territorios, estaría vulnerando el derecho a la consulta previa y podría abrir la puerta a incentivos perversos que legitimen el acaparamiento de tierras”.
Exposición de Carmen Mariscal (Fundación Cambugán) en el foro Derecho Campesino a la Tierra y Mercados de Carbono (23 de mayo, Universidad Andina Simón Bolívar en Quito).
3. Las comunidades afectadas exigen
Comuneros y comuneras de Selva Alegre, San José de Minas y San José de Quichinche resaltan que se mantendrán en resistencia frente a los despojos y hacen un llamamiento a unir esfuerzos en la sociedad civil, academia, medios de comunicación y políticas públicas para impedir la corrupción de tierras por parte de las empresas piratas de carbono. Exigen:
La anulación de la escritura falsa de 9.190 hectáreas de UCPEIN – RFEE
La alerta de los GAD municipales para no permitir el catastro de escrituras fraudulentas por parte de empresas piratas del carbono.
No al uso abusivo del derecho penal contra las personas defensoras de las comunidades, quienes son criminalizadas sistemáticamente por defender su derecho a la tierra.
