Protestar no nos puede costar la vida: Víctor Guaillas, defensor de derechos de la naturaleza, víctima de la masacre carcelaria de 13 de noviembre de 2021
Ilustración: Borrego, 2020.
Elaborado por: Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos Ecuador.
El compañero Víctor Guaillas Gutama, defensor de derechos humanos y de la Naturaleza de la parroquia de Molleturo en Azuay, agricultor y padre de familia es una de las personas asesinadas en la Penitenciaría del Litoral la madrugada del sábado 13 de noviembre. Él es una de las víctimas de la criminal negligencia del Estado frente al riesgo y a las sucesivas masacres que han debido sufrir las miles de personas privadas de libertad en el Ecuador.
Don Víctor Guaillas Gutama, persona con discapacidad auditiva fue criminalizada por el Estado ecuatoriano en el marco del Paro Nacional de octubre de 2019. De acuerdo con los testimonios de varias personas dentro y fuera del proceso, don Victor cayó en una zanja mientras la policía perseguía a un grupo de manifestantes con los que se había suscitado un enfrentamiento. Él fue la única persona aprehendida y responsabilizada por dos motos quemadas y un patrullero impactado con piedras en medio de la represión estatal cuando en los hechos habrían intervenido al menos cincuenta personas. Sin embargo, los jueces Manuel Anibal Armas Proaño, Fabian Mármol Balda y Martha Gavilanes Mendoza, acogieron la tesis del fiscal Carlos Guerrón Reinoso, basado únicamente en los testimonios imposibles e inverosímiles, de los agentes policiales Jonathan Alvarado Alvarado, Ramsés Maridueña Cornejo y Julio García Campoverde. No hubo en el proceso ninguna prueba material clara ni se logró individualizar, sin duda, la presunta responsabilidad de don Victor en cambio sí múltiples testimonios que evidenciaron lo absurdo de las acusaciones en su contra y advirtieron su inocencia.
A pesar de no ser responsable, fue sentenciado a 5 años de cárcel por sabotaje y se encontraba en el pabellón transitorio F2 del CPL conocido como Penitenciaria del Litoral. Su privación de libertad generó en don Víctor un enorme deterioro en su salud física y mental: por la injusta detención, porque se encontraba a cientos kilómetros de su comunidad, por la situación de empobrecimiento en la que se encuentra su familia, porque fue extorsionado para sobrevivir, porque durante la pandemia y durante las masacres anteriores vivió situaciones de inmensa angustia. Quedan su esposa y sus hijos, entre ellos seis menores de edad, también víctimas de esta masacre.
En su caso, además de la negligencia absoluta del Estado para precautelar su integridad y su vida mientras estuvo bajo su custodia, también fue víctima de una justicia lenta, ineficaz y que inobservo su obligación de debida diligencia.
Fue detenido el 7 de octubre de 2019 y la audiencia de juzgamiento se realizó el 3 de octubre de 2020. Sin embargo, la sentencia escrita no fue notificada sino hasta el 01 de abril de 2021, seis meses después. Se solicitó infructuosamente un hábeas corpus que fue negado en primera instancia por los jueces Carlos Alberto González Abad, José Eduardo Coellar Punin y Carmen Vásquez Rodríguez y en segunda instancia por Katerine Muñoz Subía, María Heredia Yerovi y Alejandro Arteaga García. Se presentó una acción extraordinaria de protección inadmitida por las juezas y juez Carmen Corral Ponce, Teresa Nuques Martínez y Hernán Salgado Pesantes el 29 de junio de 2021. La falta de sentencia escrita durante seis meses hacía evidente la caducidad e ilegitimidad de la prisión preventiva, máxime cuando sin sentencia escrita era imposible que la apelación se presente formalmente y se conozca.
Por fin la apelación se presentó el 27 de julio de 2021 y sin embargo, la audiencia para resolverla fue fijada por los jueces Johan Marfetan Medina, Beatriz Cruz Amores y Jose Daniel Poveda Araus recién para el 4 de enero del 2022. En la Asamblea Nacional se encuentra en trámite una petición de amnistía a su favor presentada a fines de septiembre de 2021,actualmente en conocimiento del CAL.
Desde la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, en medio del profundo dolor e indignación que sentimos, hacemos un homenaje a la vida y a la resistencia de Víctor Enrique Guaillas Gutama a favor del agua y de la vida amenazadas por la minería, agradecemos a él, a su comunidad y sus compañeros de lucha por todas sus legítimas y Constitucionales acciones a favor del agua y contra la imposición de proyectos extractivos, nos solidarizamos con su familia y con la comunidad de Molleturo, exigimos verdad, justicia y reparación para él y para los cientos de personas privadas de libertad asesinados y sus familias, todas víctimas de la negligencia estatal.
Señalamos que estos hechos constituyen graves violaciones de derechos humanos, comprometen la responsabilidad internacional del Estado y evidencian los irreparables impactos del uso abusivo del derecho penal para criminalizar y perseguir defensores de ddhh y violar el derecho a protesta demandamos que el Estado adopte medidas urgentes, eficaces y adecuadas para garantizar la vida y la integridad de todas las miles de personas privadas de libertad en Ecuador.
Protestar no puede costamos la vida, menos aún en las condiciones de extrema violencia y de terror a la que Víctor fue sometido, no solo por el hecho mismo de la masacre, sino por saber que el Estado no iba a hacer absolutamente nadla más allá de condenarlo de manera injusta por su actividad como defensor.
El Estado pudo haber evitado la muerte de Víctor, y de cientos de personas que están en cárceles sin sentencias, por un continuo y abusivo uso de la prisión preventiva, por delitos menores, por delitos vinculados a la pobreza y en este caso por haber ejercido un legítimo derecho constitucional como es el de protestar y resistir.
Nos aterra pensar lo que ha tenido que vivir Víctor estos años de encierro intramural, nos aterra pensar lo que tuvo que vivir en esa noche de terror, nos aterra pensar lo que va a tener que sufrir su familia para la búsqueda de verdad justicia y reparación. Protestar no puede costamos la vida.
