Crónica de la minería metálica en el Cajas

Crónica de la minería metálica en el Cajas

Paola Maldonado Tobar[1]

Nataly Torres Guzmán[2]

Fecha de envío: 04 de noviembre de 2017.

Introducción

El macizo del Cajas se encuentra en el sur de la cordillera occidental del Ecuador, en la provincia del Azuay. Está compuesta en su mayoría por grandes extensiones de páramo que albergan los humedales más grandes e importantes del país. El macizo del Cajas es un territorio único en el país debido a que sus aguas drenan hacia dos grandes cuencas hidrográficas: la Pacífica y la Atlántica, que dan origen a ríos de suma importancia para la región austral. El complejo sistema hídrico del macizo del Cajas permite la sobrevivencia y la economía local de los cantones Cuenca, Girón, San Fernando y Santa Isabel pertenecientes a la provincia del Azuay, así como a otros cantones de las provincias de Cañar y Guayas.

El subsuelo de este ecosistema alberga yacimientos polimetálicos que han despertado el interés de corporaciones transnacionales, que en alianza con el Estado, han movilizado rápidamente recursos hasta esta zona, sin importar los múltiples usos y valores que brinda este territorio. A continuación, a partir del análisis geográfico, evidenciamos la expansión paulatina de la frontera minera dentro este territorio.

El macizo del Cajas antes de la Constituyente  

Entre el año 2003 y 2004, habitantes de las parroquias rurales del cantón Cuenca: Victoria del Portete y Molleturo ya advertían sobre la presencia de extraños en los páramos comunitarios de Kimsakocha y en la zona de Rio Blanco, ubicados dentro del cinturón de Área de Bosque y Vegetación Protectora colindantes al Parque Nacional Cajas. Años después se confirmó la existencia de áreas inscritas para la exploración minera a favor de las empresas IAMGOLD S.A e International Minerals Corporation (IMC), las dos de origen canadiense. Adicionalmente, existían otras concesiones de menor tamaño dentro del cantón Santa Isabel e incluso, en la parroquia Baños, ubicada dentro del casco urbano de la ciudad de Cuenca (Mapa 1).

Mapa 1

Desde ese entonces, las comunidades aledañas han rechazado las actividades mineras en estas zonas, en diferentes magnitudes: En el caso de Kimsakocha, un páramo comunitario conservado por habitantes de Victoria del Portete y poblaciones aledañas (Mapa 1: área tomate), las poblaciones afectadas llevan ya una década resistiendo a la minería debido a los altos riesgos que estos proyectos implican para la naturaleza, las poblaciones y las fuentes de agua, lo que pone en riesgo el derecho humano al agua y el sustento campesino. En el caso de Río Blanco, la fuerte oposición inicial que tuvo la minería, sobre todo en la cabecera parroquial de Molleturo, no pudo sostenerse en el tiempo debido a la fuerte criminalización por parte del gobierno central durante las protestas en contra de la aprobación de la Ley de Minería en el año 2009 y la división generada en las comunidades por parte de las empresas mineras. Cabe señalar que, el inicio de actividades en Río Blanco tenía un amplio respaldo por parte de la comunidad de mismo nombre, sin embargo, la contaminación y destrucción de fuentes y ojos de agua y, las violaciones de varios derechos laborales durante la etapa de construcción de la mina, está causando graves conflictos sociales, a tal punto de que, las comunidades exigen la suspensión del proyecto minero en la zona.

La revolución ciudadana minó el Macizo del Cajas

En el año 2008, la Asamblea Nacional Constituyente, en medio de una agitada agenda para elaborar la nueva carta magna, aprueba el Mandato Minero que ordena dejar sin efecto todas las concesiones mineras que afecten fuentes de agua, áreas protegidas o aquellas otorgadas sin consulta previa a las comunidades.

Las concesiones mineras otorgadas a IAMGOLD S.A en Kimsakocha, y San Luis Minerales S.A en Río Blanco cumplían con varias causales para su extinción y caducidad. Primero, como señalamos en la introducción, estas concesiones se localizan en uno de los humedales más grandes del país y donde nacen importantes ríos. En el caso de Kimsakocha, hablamos de los ríos Irquis, Portete, Cristal, el Chorro, Bermejos, entre otros; y en el caso de Río Blanco, nos referimos a los ríos Miguir, San Luis, Canoas, Patul, Putucay, Río Blanco y otros. Segundo, estas concesiones estaban localizadas en áreas protegidas. En el primer caso, las concesiones se encuentran en el Área de Bosque y Vegetación Protectora Yanuncay-Irquis, Sunsun-Yanasacha, El Chorro y Jeco, mientras que, en el segundo caso, las concesiones se traslapan con el Bosque Protector Molleturo-Mollepungo. Finalmente, en ninguno de estos casos se ha realizado la consulta previa, libre e informada a las poblaciones afectadas.

 Incumpliendo claramente el Mandato Minero, el gobierno de Rafael Correa no solo que inicio un proceso de sustitución de las concesiones antiguas por unas nuevas sino que, además, viabilizó el desarrollo de los dos proyectos mineros ubicándoles con la categoría de “estratégicos” y dando pasos para consolidar el distrito minero sur, que fue planteado en Plan de Desarrollo y que abrió las puertas a la minería a metálica a gran escala en Ecuador.

Adicionalmente, el área concesionada se incrementó notablemente para el desarrollo de otros proyectos de exploración minera dentro del macizo del Cajas. Como se observa en el Mapa 2, según el catastro minero del año 2011, las nuevas concesiones se ubican al sur del Parque Nacional Cajas, en la subcuenca del río Yanuncay. El informe UAIE 0036-2009 de la Contraloría General del Estado establecía que el 60,4% de la subcuenca de este río que abastece a la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Sustag, cuyos usuarios bordean los 100.877 habitantes en la ciudad de Cuenca, estaba concesionada a empresa mineras lo cual evidenciaba un alto riesgo de que se provoque un daño ambiental irreversible que afectaría a la calidad y cantidad de agua. Otra zona afectada por las concesiones mineras es el páramo de Zhaglli en el cantón Santa Isabel, en donde las concesiones otorgadas a la empresa Cornestone Metals superaban las 45.000 hectáreas.

Mapa No. 2

Los dos proyectos estratégicos en el Azuay que se impulsaron fuertemente durante el gobierno anterior son: el proyecto minero Loma Larga y Río Blanco.

El proyecto Loma Larga, denominado inicialmente como “Quimsacocha”. Estuvo a cargo de la empresa IAMGOLD durante 13 años aproximadamente pero, en junio del 2012, la empresa vendió el 45% de sus derechos de explotación a la empresa canadiense INV Metals Inc. En febrero de 2015, INV Metals Inc. presentó un comunicado de prensa sobre el estudio de viabilidad preliminar positivo (“SSA”) del proyecto “Loma Larga” y en marzo de 2015, hizo público el Reporte Técnico NI 43-101. El estudio determinó reservas probables de oro, plata y cobre. Según el reporte, el estudio contempla una mina subterránea con una tasa diaria de “producción” de aproximadamente 948 toneladas por día (“tpd”) de roca durante 13 años de vida del proyecto. La cantidad de minerales extraídos sería de 80.000 onzas de oro, 400.000 onzas de plata y 2.9 millones de libras de cobre por año. El proyecto se encuentra en exploración avanzada y no ha logrado iniciar con la fase de desarrollo debido a fuerte oposición de las poblaciones cercanas.

El proyecto Río Blanco administrado inicialmente por International Minerals Corporation (IMC) fue a adquirido en abril de 2013 por la empresa china Junefield, cuya sucursal en Ecuador es Ecuagoldmining South América S.A. Este proyecto es el más avanzado ya que, en agosto de 2016, se inició con la etapa de explotación tras su inauguración, liderada por el entonces vicepresidente Jorge Glas. En este proyecto se prevé una explotación por mina subterránea con una producción total estimada a 605.000 onzas de oro y 4.3 millones onzas de plata, durante 8 años de vida útil del proyecto. Un año después de iniciar el desarrollo de la mina, habitantes de Río Blanco denuncian la afectación y desaparición de una laguna y varios ojos de agua, y piden la salida de empresa china de sus tierras.

El nuevo festín minero busca consolidar el gran distrito minero en el Cajas

 En abril de 2016, al cierre del periodo de gobierno anterior, se inició un nuevo proceso de subasta minera en todo el país. Según el Colectivo Minka Urbana, desde la promulgación de la actual Ley de Minería (enero de 2009) hasta abril de 2016, el catastro minero ecuatoriano había permanecido cerrado al registro de nuevas concesiones, en ese entonces, aproximadamente, 790.000 Ha se encontraban concesionadas, es decir el 3% del territorio nacional. En abril de 2016, el gobierno nacional decidió abrir un proceso de otorgamiento de nuevas zonas del territorio nacional para exploración minera. Si el Ministerio de Minas autorizara todas las concesiones en trámite, más de 2´657.000 Ha serían concesionadas a la megaminería, es decir aproximadamente el 11% del territorio nacional ecuatoriano.

Esta situación nacional también afectó al Macizo del Cajas. A enero de este año, las concesiones mineras llegan a 106.046,26 hectáreas. De estas, 15.899,73 hectáreas corresponden a aquellas otorgadas para el desarrollo del proyecto Loma Larga y Río Blanco y 90.146,53 hectáreas adicionales se han inscrito o están en trámite para actividades de exploración. Sola la empresa INV Minerales Ecuador S.A ha solicitado 44.339,21 hectáreas (Tabla 1 y Mapa 3).

Tabla 1 Concesiones mineras en el Macizo del Cajas

Proyecto mineroHectáreas concesionadas o en trámite

Loma Larga

10.207,81

Rio Blanco

5.691,92

Otros proyectos mineros

90.146,53

106.046,26

Fuente: Catastro minero, enero de 2017.

Mapa 3

Estos datos resultan alarmantes para quienes dependen del macizo del Cajas, incluso quienes viven dentro de este ecosistema. Por ejemplo, es de preocupación el caso de las parroquias rurales del Cantón Cuenca: Molleturo y Chaucha cuyas cabeceras parroquiales están prácticamente cubiertas por estas concesiones (Ver Mapa 3).

Por otra parte, aún no se sabe a ciencia cierta qué pasará con todas las autorizaciones de uso y aprovechamiento del agua para consumo humano y otras actividades productivas (Mapa 4: puntos de color negro). Algunos estudios ya advierten de los riesgos. Según el informe pericial sobre los proyectos mineros Loma Larga y Río Blanco elaborado por el Ingeniero Minero James Kuipers de la consultora Kuipers & Associates de Montana, EE.UU, señala que la actividad de la minería metálica en el Macizo del Cajas afectaría a la calidad y cantidad de agua debido a la modificación del curso de las aguas superficiales y subterráneas por la construcción de túneles y otras obras para el desarrollo de la mina;  liberación de arsénico y otros metales pesados; alto riesgo económico, entre otros. Kuipers categoriza los proyectos como de muy alto riesgo por los posibles impactos en el agua y los suelos, en niveles inaceptables para la población humana aguas abajo. En su conclusión final, determina que: “Debido a la poca viabilidad económica de la mina y a la falta de supervisión en cuanto al cumplimiento de regulaciones, junto a la clara presencia de características prevalentes de drenaje ácido y lixiviación de metales (incluyendo el arsénico), estas minas no deberían ser desarrolladas.”

Mapa 4

Frente al eminente riesgo, cabe preguntarse ¿Cuál es el papel que jugará el actual gobierno presidido por Lenin Moreno frente a los diferentes conflictos en el país por este tema? Quizás una de sus salidas ha sido la propuesta de consulta popular, presentada el pasado 2 de octubre,  que en una de sus preguntas se refiere a la prohibición sin excepción de la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos. Sin embargo, dicha pregunta se considera como “insuficiente” porque no incorpora el pedido de las poblaciones afectadas: prohibir la minería metálica en ecosistemas frágiles, fuentes y zonas de recarga de agua, áreas especiales de conservación de la biodiversidad  y territorios ancestrales. La incorporación de este tema en la consulta popular es sin duda un avance en el sentido que se da apertura al debate nacional sobre la pertinencia de esta actividad en el país, sin embargo pero deja sin resolver varios problemas, entre otros, la protección del humedal del macizo del Cajas. Sin duda este tema seguirá dando de qué hablar independientemente de los resultados de dicha consulta.

[1] Presidenta de la Asociación para Desarrollo Alternativo – ALDEA. E-mail: infoaldeaec@gmail.com

[2] Investigadora en FIAN Ecuador. E-mail: torres@fianecuador.org